Pocas horas antes de que se conozca formalmente la petición de citación de Fernando Ocáriz, la Oficina de Comunicación Internacional del Opus Dei ha emitido un comunicado en el que acusa al abogado querellante de impulsar una estrategia mediática engañosa, sin base jurídica ni fáctica. Para la prelatura, se trata de una «instrumentalización del procedimiento penal» con el objetivo de sostener un relato prefabricado y generar presión sobre la Justicia.
El texto afirma que se está utilizando la figura penal de la trata de personas para dar forma a un reclamo que, en origen, fue planteado como conflicto económico por aportes laborales y previsionales. A juicio del Opus Dei, se ha producido una «descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares», y se intenta vincular a la causa a personas sin conexión directa con los hechos denunciados.
Además, el comunicado lamenta que se repita una dinámica de presión mediática coordinada, como ya ocurrió —según la Obra— con el anuncio de la citación de Mons. Mariano Fazio, difundida con «un despliegue mediático orquestado». A pesar de todo, la prelatura insiste en su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y manifiesta su confianza en que «la verdad prevalecerá».
Comunicado íntegro del Opus Dei
El Opus Dei denuncia una grave manipulación con fines mediáticos de una investigación judicial en Argentina
En el marco de la investigación judicial sobre la situación personal de una mujer mientras fue parte del Opus Dei, el abogado querellante declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. La prelatura considera que este pedido –sin fundamento fáctico ni jurídico– se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico.
La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei. Se está utilizando el fuero penal, que debe tener como finalidad la investigación de delitos y la búsqueda de justicia, para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial.
Esta última petición vuelve a apoyarse en conjeturas, sin aportar elementos concretos que justifiquen estas alegaciones. Se intenta así extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente. Es preocupante que esta dinámica de instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal se repita, con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia. Algo que hemos visto recientemente con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado.
Como hemos expresado anteriormente, el conflicto comenzó en los medios de comunicación como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. Luego, mutó a un reclamo económico civil de daños y perjuicios, y finalmente se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de persona”. Para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.
Lamentamos que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos. Es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.
La prelatura del Opus Dei insiste en rechazar estas alegaciones y mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.
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