El Vaticano publicó el sábado nuevas normas de adjudicación de contratos a proveedores y prestadores de servicios, que han sido ampliamente interpretadas como una señal de que el Papa León tiene la intención de avanzar rápidamente con las medidas de reforma financiera que sus defensores han pedido durante años.
El origen de las normas sugiere que, al mirar hacia el futuro, el Papa León podría estar inspirándose en el trabajo realizado en el pasado y que ha quedado en vía muerta. Las normas del 9 de agosto emitidas por la Secretaría de Economía del Vaticano son esencialmente un conjunto de definiciones y procedimientos destinados a aclarar un documento de 2020 emitido por el Papa Francisco, que rige los contratos de la Curia Romana y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
El texto tampoco es nada nuevo y fue elaborado inicialmente en 2017 por el equipo dirigido por el cardenal George Pell y revisado por la auditoría general del Vaticano, Libero Milone. Pero después de redactarse fue archivado y no obtuvo apoyo interno durante los tumultuosos años finales del mandato de Pell como Secretario de Economía. Todavía no está claro qué significa que un texto redactado en la era Pell haya sido promulgado tan pronto durante el reinado de León.
Después de que Pell dejó la oficina de economía del Vaticano en 2017, las iniciativas de reforma se estancaron y los líderes financieros del Vaticano aparentemente se vieron relegados a catalogar los crecientes déficits y los recursos menguantes, y a detener los pasos previos hacia la transparencia, incluida la práctica de publicar el presupuesto anual del Vaticano. Para 2023, se instruyó al personal de auditoría a ejercer “discreción misericordiosa” al lidiar con casos de corrupción, afirmando que los escándalos financieros “sirven más para llenar las páginas de los periódicos que para corregir el comportamiento en profundidad”.
El déficit estructural del Vaticano se acerca a los 100 millones de euros, y se estima que el pasivo no financiado de las pensiones vaticanas se acerca a los 2.000 millones. Además, León ya se enfrenta a presiones internacionales por los problemas en APSA, la gestora de activos de la Santa Sede, y estos problemas podrían derivar en graves problemas regulatorios para las operaciones bancarias internacionales del Vaticano.
El Papa León solo puede esperar contener la hemorragia si logra garantizar operaciones curiales más eficientes, y especialmente operaciones protegidas de la corrupción. El Papa León también debe demostrar un claro compromiso con los reguladores para solucionar los problemas de corrupción que han afectado a la APSA.
El momento en que se aprobaron las normas la semana pasada parece indicar que el pontífice comprende que debe demostrar a las autoridades bancarias europeas una gestión firme. Todo apunta a que León puede encontrarse desempolvando políticas de la era Pell consecuencia de los trabajos de la comisión de reforma de la Curia, la COSEA, con cada vez mayor frecuencia y nunca aplicados.
Seguimos con el caso de Libero Milone y las acusaciones contra el Vaticano de haber modificado transacciones SWIFT cometiendo blanqueo de capitales, qué pasó y de qué se trata. El próximo mes de septiembre, además del probable inicio del proceso de apelación en el caso Becciu, está previsto que el Vaticano presente el posible recurso del ex Auditor General de la Santa Sede, Libero Milone, condenado por dos sentencias civiles contra su petición de indemnización por daños y perjuicios por su destitución en junio de 2017. Según la revista «Politico», el Vaticano está acusado de usar una llave maestra para el blanqueo de capitales, manipulando así ilegalmente transferencias bancarias a través del sistema SWIFT.
Estas acusaciones supuestamente provienen de los documentos de Milone, quien hace apenas dos semanas, en una conferencia de prensa, destacó haber encontrado y denunciado 30 irregularidades. Desde el cardenal Pell hasta el cardenal Becciu, pasando por los diversos problemas financieros del IOR. En esencia, como informa «Politico», el exauditor (un laico con un anterior puesto directivo en Deloitte) tiene pruebas de que su agencia de nóminas del Vaticano podía cambiar los números y nombres de las cuentas incluso después de que las transacciones ya se hubieran realizado. Esto habría permitido ocultar a remitentes y destinatarios de las leyes antifraude, lo que podría dar lugar a evasión fiscal y blanqueo de capitales, para transferir fondos a clientes privados sin revelar sus identidades. El historial de continuos movimientos «turbios» en las cuentas del Vaticano mantiene a las fiscalías bajo la lupa, y de ahí el expediente Milone, que podría socavar una vez más la base financiera de un Estado que, bajo el papado de León XIV, se ha comprometido una vez más a revolucionar la compleja maquinaria económica hacia la transparencia.
El exauditor Libero Milone, nombrado por el papa Francisco en 2015 para frenar los escándalos financieros y la negligencia del Vaticano, se vio obligado a dimitir en 2017 por ser considerado una especie de espía que delataba y difamaba a la Santa Sede. Afirma haber sido expulsado por descubrir presuntas irregularidades relacionadas con el exmiembro de la Secretaría de Estado, el cardenal Becciu, quien posteriormente fue condenado por malversación de fondos del Vaticano. Algunos materiales publicados en línea por el sitio web católico The Pillar también revelan que Milone había descubierto el método de la «llave maestra» para blanquear dinero después de las transacciones.
Es evidente que, de comprobarse todo esto, se desataría un grave escándalo financiero en la Santa Sede. Por ello, se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de las afirmaciones de Milone. En la rueda de prensa donde anunció su apelación ante el Tribunal Supremo para septiembre de 2025, el propio Milone explicó que no era un espía y que simplemente había cumplido con su labor de auditor al informar de las irregularidades al Promotor de Justicia del Vaticano, «pero nunca se inició ningún procedimiento».
Respecto a las sospechas de Milone sobre la APSA (Administración del Patrimonio Vaticano), la Santa Sede respondió de igual manera tanto al exauditor, con una nota en el «Corriere della Sera», como a la revista estadounidense «Politico», insistiendo en que la APSA no tiene usuarios ni clientes privados, sino que solo gestiona instituciones y asociaciones curiales, y que además está sujeta a una auditoría anual de sus estados financieros. Respecto a las acusaciones de modificación de las transacciones de SWIFT, el Vaticano enfatiza que estos procesos no pueden alterarse, ya que son procedimientos internacionales estándar, y que el uso de este instrumento por parte de la APSA «se realiza a través de proveedores certificados por el propio SWIFT».
Se ve que el tema Milone preocupa y mucho, el silencio suele ser la respuesta y tantas explicaciones son sospechosas. No hablamos de acusaciones de alguien externo sino de el que fue auditor de la Santa Sede y parece que tiene papeles. En un extenso comunicado publicado en «Politico», el Vaticano respondió a la declaración de Milone, afirmando tener pruebas de que dichas transacciones podían modificarse (aunque añadió que no pretendía chantajear a nadie, sino simplemente explicar al Papa León XIV cómo mejorar la gestión financiera de la Santa Sede). Bruni, este sin documentos en mano: «Estas acusaciones son completamente infundadas».
Leave a Reply