La administración de Donald Trump ha dado un paso atrás en una de las promesas más llamativas de su campaña electoral: garantizar que las aseguradoras cubran la fecundación in vitro (FIV) o que el propio Gobierno financie estos tratamientos.
Según fuentes de la Casa Blanca, el Ejecutivo no tiene intención de imponer de forma unilateral esa cobertura, al considerar que carece de base legal para hacerlo sin la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado.
En febrero, el presidente firmó una orden ejecutiva con el objetivo de ampliar el acceso y reducir el coste de la FIV, un procedimiento que permite a muchas parejas con problemas de fertilidad cumplir su deseo de tener hijos. Aquella iniciativa ordenaba al Consejo de Política Doméstica presentar en 90 días un plan de medidas, pero no incluía un mandato expreso a las aseguradoras.
Ahora, altos funcionarios reconocen que el escenario legislativo no es favorable. Incluir la FIV como un beneficio esencial de salud dentro de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio -lo que obligaría a las compañías a cubrirla- requeriría un cambio legal que, a día de hoy, no cuenta con apoyos suficientes en el Capitolio. Además, asesores republicanos han advertido de que una medida así podría provocar un aumento significativo de las primas, con un coste político elevado de cara a las elecciones de medio mandato de 2026.
El Gobierno ha estudiado alternativas, como impulsar técnicas de fertilidad basadas en la medicina reproductiva restaurativa, centrada en cambios de hábitos y terapias menos invasivas. Sin embargo, estas propuestas distan de cumplir la promesa inicial de facilitar el acceso a la FIV.
Paralelamente, la administración ha recortado programas federales vinculados a la salud materna y reproductiva, lo que ha suscitado críticas entre organizaciones médicas y defensores de los derechos reproductivos.
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