El 25 de junio de 2025, la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos (AUSCP) publicó un documento titulado «Avanzando hacia la restauración de la justicia para los sacerdotes «, dirigido a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y al Romano Pontífice. Es una reflexión equilibrada sobre el derecho de los sacerdotes a la defensa, a menudo pisoteado por prácticas de acusaciones que no respetan el derecho canónico ni el sentido común.
El documento denuncia una realidad preocupante: entre el 80% y el 90% de las acusaciones recibidas cada año se consideran infundadas o no pueden verificarse. A pesar de esto, muchos sacerdotes son suspendidos, expuestos al descrédito público, despojados de su ministerio y reputación simplemente por ser mencionados en una acusación. Sin pruebas, sin investigación, a menudo sin una posibilidad real de defenderse.
La Iglesia ha adoptado en el derecho canónico algunos principios fundamentales de justicia: la presunción de inocencia (can. 1321), la obligación de los obispos de abrir investigaciones serias y no arbitrarias (can. 1341), la definición de ciertos plazos para la conclusión de los juicios (can. 1362), la aplicación retroactiva de normas favorables al acusado (can. 1313) y el derecho a la buena reputación (can. 220). En la práctica es frecuente que se publiquen los nombres de los acusados incluso antes de que se abra una investigación real, en violación del propio magisterio papal, que exige explícitamente evitar este tipo de exposición prematura y potencialmente injusta. Hay «víctimas de abusos» que actúan por venganza, más que por justicia, y tienen sitios web donde publican los nombres y apellidos de sacerdotes acusados, pero a menudo absueltos.
No se puede negar la tragedia que sufren las víctimas, pero todos sabemos que algunas acusaciones se utilizan como instrumentos de venganza personal, represalia psicológica o incluso chantaje financiero. Las víctimas han tenido la fuerza y la voz para obtener justicia, pero los sacerdotes no la tienen. No pueden presentar demandas civiles, no pueden oponerse eficazmente a las decisiones de los obispos y se quedan solos, suspendidos en una zona gris que destruye sus vidas. Muchos sacerdotes inocentes expuestos a la picota, mientras que los autores de falsas acusaciones quedan impunes.
La propuesta de la AUSCP es clara: ninguna suspensión pública antes de la investigación, ninguna publicación de nombres, ninguna remoción definitiva sin evidencia concreta. Las investigaciones deben ser oportunas, profesionales, confiadas a investigadores civiles o expertos externos, y respetuosas de la dignidad de todas las partes involucradas. Una Iglesia que defiende solo a las víctimas, pero condena a los inocentes no es una Iglesia justa y esto no sucederá mientras los sacerdotes teman que una acusación, incluso una falsa, pueda destruir irreparablemente sus vidas. La justicia es justicia solo si se aplica a todos: a las víctimas, por supuesto, pero también a los acusados. Y si la Iglesia no es capaz de mantener unidas estas dos caras de la verdad, acabará perdiendo ambas.
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