Una disposición firmada por el presidente Donald Trump ha limitado el acceso de la red abortista a fondos públicos de Medicaid y Medicare. Como resultado, Planned Parenthood ha comenzado a cerrar centros en distintos estados. La medida representa un revés significativo para la industria del aborto en Estados Unidos.
Planned Parenthood ha comenzado a cerrar instalaciones en distintos estados del país, luego de que entrara en vigor una disposición federal que suspende durante un año los reembolsos provenientes de Medicaid y Medicare. La medida forma parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, firmada el pasado 4 de julio por el presidente Donald Trump. Aunque está siendo impugnada en tribunales federales, ya se ha autorizado su aplicación provisional en la mayoría de las filiales.
Hasta el viernes 25 de julio, al menos 25 centros de esta sucursal de la muerte han anunciado su cierre en 10 estados. La noticia más reciente fue confirmada el 24 de julio, cuando Planned Parenthood Mar Monte comunicó que clausurará cinco de sus centros ubicados en el norte de California.
«Estamos desconsolados e indignados de tener que cerrar cinco de nuestros centros de salud y eliminar tres servicios cruciales», publicó la organización en su cuenta de Instagram. En la misma publicación, calificaron la nueva disposición como «una prohibición encubierta del aborto en estados de libertad reproductiva».
A pesar de los cierres, lamentablemente esta filial continuará operando otros 30 centros en California y Nevada.
La reducción de operaciones no se limita a la costa oeste. También se han confirmado cierres en Iowa, Michigan y Minnesota (cuatro en cada uno), Ohio y Utah (dos en cada uno), y uno en Vermont, Nueva York, Indiana y Texas.
La Federación Planned Parenthood de América advirtió el 1 de julio que esta medida podría forzar el cierre de cerca de 200 clínicas, lo que equivale aproximadamente al 60 % de sus centros en todo el país, y potencialmente a miles de vidas de bebes salvadas.
La presidenta de Students for Life of America, Kristan Hawkins, celebró la noticia calificándola como «una victoria para los bebés en California», subrayando que el estado es «un centro de abortos de último trimestre».
Desde el movimiento provida también se han pronunciado otras voces. Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, declaró a CNA: «El enfoque de Planned Parenthood está en los abortos, las transiciones de género y el gasto político, todo mientras recaudan cientos de millones de los contribuyentes». Añadió que se les ha ofrecido en diversas ocasiones mantener el financiamiento si renuncian a practicar abortos, oferta que la organización ha rechazado.
«No tienen el monopolio de la atención médica», señaló Dannenfelser. «Las mujeres ya acuden a centros de salud comunitarios que superan en número a Planned Parenthood 15 a 1 y ofrecen una atención más completa y accesible».
Michael New, investigador del Charlotte Lozier Institute, explicó que «no debería sorprender que Planned Parenthood esté respondiendo al corte de fondos federales cerrando algunas de sus instalaciones». En su opinión, estos cierres representan «una victoria para el movimiento provida», pues incluso las clínicas que no practican abortos suelen derivar a otras que sí lo hacen.
«Además», añadió New, «los programas de anticoncepción y educación sexual de Planned Parenthood propician una cultura de promiscuidad que desemboca en un aumento del número de abortos».
Aunque por ley federal el uso de fondos públicos para abortos está restringido, hasta ahora Planned Parenthood podía recibir reembolsos por otros servicios sanitarios. Según su informe anual de julio de 2023 a junio de 2024, aproximadamente el 40 % de sus ingresos provinieron de fondos públicos, alcanzando los 800 millones de dólares, en su mayoría mediante reembolsos de Medicaid y Medicare.
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