El proceso de apelación contra el cardenal Becciu podría aplazarse mientras el papa León XIV evalúa una reforma profunda de la justicia vaticana.
El proceso de apelación contra el cardenal Angelo Becciu, condenado en diciembre de 2023 a cinco años y seis meses de prisión por su implicación en la compraventa del edificio de Sloane Avenue 60 en Londres, podría estar próximo a ser aplazado. Aunque las primeras audiencias están previstas de forma preliminar para el 22 de septiembre de 2025, diversas fuentes sugieren que el Vaticano podría suspender el procedimiento a la espera de una reforma estructural en el ámbito judicial.
¿Reforma judicial antes del juicio?
Según ha informado el columnista italiano Luigi Bisignani en el diario Il Tempo, el papa León XIV contemplaría la posibilidad de llevar a cabo una reforma institucional integral de la justicia vaticana antes de que prosigan los procedimientos judiciales en curso, incluido el caso Becciu. Dicha iniciativa responde, entre otras razones, a las críticas vertidas por el propio cardenal y su defensa en torno a presuntas irregularidades en el proceso penal, como la supuesta omisión de pruebas exculpatorias por parte del Promotor de Justicia, Alessandro Diddi.
En particular, la defensa del cardenal Becciu ha denunciado que ciertas escuchas telefónicas —una de ellas con la frase «si sale a la luz que todos estábamos de acuerdo, es el fin»— no fueron tenidas en cuenta en el juicio. Estas comunicaciones podrían haber arrojado una luz distinta sobre su papel en los hechos investigados.
El foco también se ha desplazado hacia algunos agentes de la Gendarmería vaticana, uno de los cuales habría participado en los intercambios de mensajes no considerados como prueba en el proceso. El papa León XIV estaría evaluando la conveniencia de «limpiar» estas áreas sensibles antes de que la justicia vaticana continúe su marcha.
Un contexto judicial en transformación
Además de la eventual reestructuración interna de la Gendarmería, Bisignani apunta a una posible renovación en la composición del Tribunal de Apelación y del Tribunal Supremo, cuya actual configuración carecería —según estas mismas fuentes— de cardenales con formación específica en derecho penal y procesal. Esta circunstancia habría llevado a la Santa Sede a considerar que un inicio inmediato del proceso de apelación podría acentuar aún más los retrasos y disfunciones ya observados en la fase previa del juicio.
En este contexto, la figura del cardenal Becciu vuelve a ocupar el centro del debate, esta vez como símbolo de un sistema judicial eclesial en proceso de revisión.
Nuevo frente judicial en Cerdeña
Mientras tanto, en la región italiana de Cerdeña ha comenzado un nuevo proceso penal que involucra a Antonino Becciu, hermano del cardenal, y al obispo de Ozieri, monseñor Corrado Melis. Ambos están acusados —junto con otras siete personas— de haber desviado fondos destinados a la diócesis hacia la cooperativa «Spes», gestionada por Antonino Becciu. Las acusaciones incluyen malversación, blanqueo de capitales, complicidad y falsedad documental.
La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) se ha constituido como parte civil en este proceso. Las audiencias con testigos no se prevén antes del 17 de septiembre de 2025.
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