El Centro de Salud y Desarrollo Transjuvenil del Hospital Infantil de Los Ángeles, considerado el mayor centro pediátrico transgénero de Estados Unidos, cerrará sus puertas el próximo 22 de julio. La decisión llega tras la orden ejecutiva firmada en enero por el presidente Donald Trump, que prohíbe la financiación federal a centros que practiquen bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas y cirugías de «afirmación de género» en menores de edad.
La normativa federal, que ha sido recibida como un giro en defensa de la infancia frente a la agenda ideológica de género, califica estos tratamientos como «mutilación química y quirúrgica». Esta medida responde a años de creciente preocupación por los efectos irreversibles que estas intervenciones pueden provocar en niños y adolescentes.
El cierre del centro también se produce tras un memorando de abril emitido por la fiscal general Pam Bondi, en el que se denuncia el «grave abuso médico» promovido durante la Administración Biden. Bondi señaló directamente al expresidente como «actor central en la promoción de esta agenda» y ordenó al Departamento de Justicia investigar posibles casos de explotación infantil disfrazados de atención médica.
Aunque los responsables del centro han defendido su actuación como una forma de “atención médica esencial y basada en evidencia”, reconocieron en un comunicado que el cierre es consecuencia directa del cambio en la política federal. “No hay alternativa viable”, lamentaron, denunciando el “impacto cada vez más grave” de las nuevas normas.
Sin embargo, el historial del centro dista de ser impecable. La directora, doctora Johanna Olson-Kennedy, ha estado envuelta en numerosas polémicas judiciales por presunta negligencia médica. Una de las demandas más graves fue presentada por una paciente que inició un proceso de des transición tras haber recibido, con solo 12 años, bloqueadores hormonales, terapia cruzada y una doble mastectomía, a pesar de contar con antecedentes clínicos delicados.
La doctora también fue objeto de investigación por ocultar datos de un estudio financiado con 10 millones de dólares del Instituto Nacional de Salud. Dicho estudio advertía de los efectos nocivos de los bloqueadores hormonales, especialmente en pacientes de corta edad.
La clausura de este centro supone un golpe para las clínicas que han promovido intervenciones radicales en menores en nombre de la identidad de género. La decisión marca un punto de inflexión en el debate sobre los límites éticos de la medicina cuando se instrumentaliza al servicio de postulados ideológicos.
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