La ONU se ha visto envuelta en una inesperada discusión de tonos encendidos después de que la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, haya instado a los gobiernos a definir el género en función del sexo biológico y a dejar de utilizar lenguaje neutro al referirse a las mujeres.
«No se puede proteger lo que no se puede definir», declaró Alsalem al presentar su polémico informe durante la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Alsalem confesó que nunca imaginó que llegaría el momento en el que fuera necesario elaborar un informe para recordar que los términos «mujeres» y «niñas» son categorías biológicas y jurídicas diferenciadas. Según denunció, su planteamiento ha provocado «reacciones viscerales» y ha recibido intentos de descrédito por parte de gobiernos influyentes y agencias de la propia ONU.
Ataque a la ideología de género
En el documento, Alsalem sostiene que la ideología de género vulnera el derecho internacional y perjudica de forma grave a mujeres y niñas. Critica a aquellos gobiernos que han sustituido términos como «madres» o «mujeres» por expresiones como «personas gestantes» o «personas menstruantes», y les acusa de diluir la protección específica que ellas necesitan. «Borrar a las mujeres y el lenguaje que refleja sus necesidades no solo es indignante y regresivo, sino que constituye una de las peores formas de violencia que pueden sufrir», subrayó.
El informe también remarca que el derecho internacional protege a las mujeres en función de su sexo biológico y no en base al concepto subjetivo de «identidad de género». En consecuencia, Alsalem advierte de que las personas que se autoidentifican como transgénero no tienen derecho a acceder a las mismas protecciones diseñadas para mujeres biológicas.
La presentación del documento desencadenó un intenso debate en el Consejo. La Unión Europea afirmó que el enfoque de género es una obligación jurídica internacional. Suiza y Países Bajos calificaron la propuesta de Alsalem de «regresiva», mientras que Colombia, en nombre de 37 países de Europa y América Latina, la consideró un «retroceso» en materia de derechos humanos. Canadá defendió que «el género es una construcción social» y Alemania alertó de que las clasificaciones binarias pueden excluir a colectivos vulnerables.
Agencias clave de la ONU como ONU Mujeres, UNFPA, OMS y UNICEF también rechazaron las recomendaciones de Alsalem, alegando que las políticas sobre «violencia de género» y el lenguaje inclusivo son exigencias del derecho internacional.
Pese a las críticas, Alsalem respondió con contundencia: «El sexo biológico no es un tabú ni un concepto anticuado, sino un aspecto innato, inmutable y fundamental de la existencia humana». Su postura recibió el respaldo de la Santa Sede, Kuwait, Costa de Marfil, Burkina Faso y Sudán.
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