Un informe de la UE elaborado por Neil Datta para el Foro Parlamentario Europeo de Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) señala al Opus y a ISSEP como enemigos de su agenda de “género”
Un reciente informe financiado por instituciones europeas lanza una alerta explícita contra organizaciones religiosas, educativas y políticas que se oponen a la ideología de género. Entre los señalados aparecen entidades vinculadas al Opus Dei, como la Universidad de Navarra, y centros de formación política como el ISSEP, instituto fundado por Marion Maréchal en Francia.
El documento, titulado The Next Wave: How Religious Extremism Is Reclaiming Power (La próxima ola: cómo el extremismo religioso está recuperando el poder), ha sido elaborado por Neil Datta para el European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF), un grupo de presión centrado en promover la agenda del aborto, el feminismo radical y las políticas de identidad de género dentro de la Unión Europea.
Una lista de «enemigos»
El informe identifica y cartografía a cientos de organizaciones en Europa que, según el autor, formarían parte de un “ecosistema reaccionario”, caracterizado por su oposición al aborto, a la eutanasia, al matrimonio homosexual y a la autodeterminación de género. En su marco conceptual, estas posiciones son calificadas como “extremismo religioso”, y su presencia en el debate público constituye, en palabras del informe, una “amenaza a los valores democráticos de la UE”.
La Universidad de Navarra, obra corporativa del Opus Dei, aparece entre las instituciones que —según el informe— ejercen influencia intelectual y doctrinal en estas redes. Aunque no se la acusa directamente de actividades políticas, el documento la sitúa en el entorno formativo e ideológico que sustenta las resistencias frente a las políticas de género promovidas desde Bruselas.
También figura el ISSEP como una pieza clave en la formación de nuevos cuadros políticos opuestos a la ideología de género. El instituto ha sido objeto de especial atención por su capacidad de influir en jóvenes dirigentes euroescépticos, católicos y conservadores.
España, en el punto de mira
España es uno de los países que más preocupan al informe. Se calcula que más de 66 millones de dólares habrían sido destinados en el país a actividades etiquetadas como “anti-género”, una cifra que el informe considera incompleta debido a “la opacidad de las entidades implicadas”. Sin embargo, no se especifican delitos ni ilegalidades, sino únicamente divergencias ideológicas con la agenda oficial europea.
La mención a instituciones académicas y culturales católicas dentro de un informe que plantea estrategias para contrarrestarlas ha sido interpretada por algunos expertos como una advertencia: se está estrechando el cerco a la disidencia moral desde las estructuras institucionales de la UE.
¿Lucha contra el extremismo o persecución ideológica?
Aunque el informe se presenta como un estudio de seguridad democrática, su estructura y terminología lo acercan más a un documento de estrategia política. Equiparar la defensa de la vida, la familia y la antropología cristiana con el extremismo es, para muchos observadores, un paso más en el intento de criminalizar las posiciones tradicionales en el espacio público.
La publicación del documento plantea interrogantes sobre el futuro de la libertad religiosa y de conciencia en Europa. Que centros académicos católicos o instituciones formativas sean incluidos en un mapa de actores “amenazantes” por el hecho de sostener principios no negociables sugiere una preocupante deriva ideológica por parte de las autoridades comunitarias.
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