Medico boliviano pierde su puesto por negarse a abortar

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Un médico boliviano fue suspendido por el Fondo Nacional de Salud (Caja Nacional de Salud) de ese país por haberse negado a realizar un aborto en una mujer embarazada de un niño anencefálico. “NM”, como se le conoce, también será procesado ante un tribunal administrativo, junto con el ex director del Hospital de Trabajadores Jaime Mendoza en Sucre, donde se produjo la negativa.

El aborto es ilegal en Bolivia, excepto en casos de violación, incesto, peligro para la salud de la madre o una malformación letal del feto.

Este último caso fue invocado por una mujer de Cochabamba en febrero del año pasado después de que los exámenes médicos revelaron que su bebé tenía una malformación congénita grave. Estaba embarazada de cinco meses. La anencefalia no es incompatible con un nacimiento vivo, y se sabe que los niños con esta afección viven durante meses o incluso años.

Siguiendo el protocolo en tales casos, los médicos y especialistas formaron una junta médica para decidir cómo proceder. Ofrecieron tres opciones: una, simplemente para continuar con el embarazo; dos, para dar información a la familia sobre la malformación del feto; tres, para obtener la aprobación jurisdiccional permitiendo un aborto. (Esta aprobación, según la resolución ministerial que se remonta a enero de 2015, no es necesaria cuando se trata de una violación o un incesto).

Sin embargo, todos los profesionales del hospital dijeron que en ausencia de una aprobación judicial y también por su derecho a la objeción de conciencia, no realizarían el aborto. Como dijo el director regional del Fondo Nacional de Salud, Javier Menacho, “nadie puede ser obligado a terminar con la vida de un ser humano”.

Durante una conferencia de prensa en la que brindó su apoyo a “NM” y al ex director y al personal del hospital, Menacho aclaró que la familia de la mujer solicitó su alta hospitalaria; Luego se fue a otro establecimiento, donde se realizó el aborto.

Fue ella quien presentó una queja contra el médico que se había negado a matar a su hijo, afirmando que sus derechos habían sido violados. Junto con el ex director del hospital, “NM” está acusado de haber ignorado el fallo constitucional que permite el aborto legal cuando un embarazo pone en peligro la salud o la vida de la madre.

El martes, marzo de 2019, la decisión de suspender el aborto legal en el departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Jaime Mendoza, donde se negó a realizar el aborto legal, se hizo pública por el “Defensor del Pueblo” local, como El ombudsman público es conocido en Bolivia.

Una resolución del defensor del pueblo presentada la semana pasada al Fondo Nacional de Salud le pidió que estableciera responsabilidades, ya sean civiles, penales o administrativas, contra todos aquellos que se opusieron a la decisión constitucional, de ahí la decisión de suspender al médico a pesar de su derecho a la objeción de conciencia.

El informe del ombudsman dijo que una investigación ha demostrado que se violó el derecho de la madre a la salud, a la vida y a la integridad física y psicológica. Esto sucedió a pesar de que el hecho de estar embarazada de un niño anencefálico no constituye un riesgo para la vida, la salud o la integridad física de la madre. Según los médicos que asistieron a “PAA”, nunca hubo un riesgo en su vida.

En cualquier caso, desde un punto de vista moral, un riesgo para la vida de la madre no justifica el aborto directo y no debe anular el derecho de un médico a la objeción de conciencia, en caso de que el aborto sea legal en ese caso. Pero en muchos países, el lobby del aborto está presionando para obligar a los médicos a realizar abortos cuando la vida de la madre está en peligro. En el caso boliviano, va un paso más allá al intentar imponer abortos eugenésicos a los médicos que no están dispuestos.

El caso Sucre ya tuvo una consecuencia: en el Fondo Nacional de Salud, de acuerdo con el delegado del ombudsman para Chuquisaca, Edwin Martínez, el administrador regional implementará un programa de “socialización” y capacitación de personal sobre la obligación de las instituciones de salud de brindar seguridad. El aborto cuando sea legalmente posible.

Los hospitales como tales no tienen derecho a objeción de conciencia en Bolivia.

Los médicos individuales definitivamente tienen derecho a rechazar los abortos. Pero la demanda contra “NM” muestra cuán frágil es ese derecho.

El presidente de la Asociación Médica de La Paz, Luis Larrea, ya ha declarado que está analizando cómo apoyará a un colega que tiene “todo el derecho de realizar o no una operación que se lleva la vida de otro ser”. “El juramento hipocrático que obliga a salvar vidas y no ir contra la vida”, dijo a la radio local.

Un ex director del Instituto Forense, el Dr. Antonio Torrez Balanza, quien actualmente preside la Sociedad de Medicina Forense de Sucre, subrayó la contradicción entre la “ley y los principios”. Para los médicos, dijo, “respetar el juramento hipocrático de defender la vida es un elemento básico. Principio reconocido por la Constitución política del Estado que lógicamente se aplica especialmente a los médicos, así como el factor religioso que les impide destruir la vida. El código de ética de la Asociación Médica dice que la vida debe ser respetada “, insistió.

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