La “mafia” proaborto de Biden

 

InfoVaticana

El presidente electo Joe Biden está reuniendo un grupo de extremistas políticos proaborto para cubrir los cargos más importantes de la próxima administración.

En octubre de 2018, cuando rechazó un argumento engañoso según el cual el aborto se puede justificar como “solución” a un embarazo no deseado, el papa Francisco dijo, en una declaración que se ha hecho famosa: “¿Es justo acabar con una vida humana para resolver un problema? Es como contratar a un sicario”.

Siguiendo el mismo estándar comparativo, es justo afirmar que el supuesto presidente electo Joe Biden está reuniendo a un grupo de extremistas políticos proaborto para cubrir los cargos más importantes de la próxima administración Biden.

El caso más asombroso hasta la fecha es el incendiario anuncio de Biden, el 7 de diciembre, con el que nombra al fiscal general de California, Xavier Becerra, como su secretario de Sanidad y Servicios Humanos.

Como fiscal general y, antes, como legislador del estado de California, Becerra dio prioridad al avance del aborto y a perseguir los enfoques provida, hasta un punto verdaderamente asombroso. Entre otras cosas, luchó en los tribunales contra los defensores provida y los católicos que desafiaron al Reproductive FACT Act de California, con el que se obligaba a las Maternidades provida a hacer publicidad del aborto, hasta que el Tribunal Supremo de EE.UU. finalmente derogó la ley en 2018 como violación de la Primera Enmienda.

Asimismo, utilizó su “visibilidad” legal como fiscal general de California para emitir una orden estatal en 2014 que obligaba a las empresas a incluir el aborto en las pólizas sanitarias de sus empleados, incluidas las empresas religiosas. Y a pesar de una resolución del pasado enero de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS sus siglas en inglés), que dictaminó que susodicha orden violaba el derecho a la objeción de conciencia, Becerra siguió imponiendo de manera desafiante esta indignante violación de la libertad religiosa a los fieles católicos y a otros que se oponen al aborto sobre la base de sus sinceras convicciones.

Hay más. En estrecha colaboración con Planned Parenthood, Becerra ha facilitado la actual acusación legal emprendida por el estado de California contra David Daleiden, el valiente whisteblower católico cuyas grabaciones ocultas revelaron la complicidad de la industria abortiva en el tráfico de partes del cuerpo de niños no nacidos.

Es necesario decir que, como el propio Joe Biden, Becerra es un católico que alardea de su fe religiosa en el ámbito político. Durante la campaña electoral de este año, ha sido uno de los copresidentes de “Católicos por Biden“, un equipo que parece haberse formado sobre todo para distraer la atención del hecho de que el propio Biden ha abandonado cualquier pretensión de seguir la enseñanza de la Iglesia en lo que atañe a la santidad de la vida humana en el seno materno.

Además, consideremos un momento el cargo particular al que el presidente electo católico proaborto quiere nombrar al fiscal general católico proaborto de California. Está claro que Becerra —que obviamente ha sido nombrado por sus credenciales como activista, no por tener experiencia con cuestiones cruciales sanitarias como el control de la política federal en lo concerniente a la pandemia de Covid-19—, derogará inmediatamente la gran cantidad de medidas provida instituidas por el HHS durante la administración Trump.

También es evidente que Becerra actuará con celeridad para reinstaurar, junto al político proaborto que Biden seleccione como su candidato para el cargo de fiscal general de Estados Unidos, el mandato HHS altamente objetable de la administración Obama. Hasta que dicho mandato fue modificado bajo la actual administración, se exigía a grupos como las Hermanitas de los Pobres que violaran sus creencias religiosas para proporcionar anticonceptivos, esterilización y drogas abortivas a sus empleados en sus pólizas sanitarias.

Consideremos otros extremistas proaborto prominentes que ya han sido elegidos para ocupar cargos clave en la administración Biden, empezando por la vicepresidenta electa, Kamala Harris. No es para nada una coincidencia el hecho de que Harris fuera la predecesora inmediata de Becerra en el cargo de fiscal general de California. Como tal, ella puso en marcha algunos de los polémicos casos legales proaborto, como la acusación contra Daleiden, que Becerra retomó tras la elección de Harris al Senado de EE.UU. en 2016.

En el ámbito de la política exterior, los nombramientos de Antony Blinken como secretario de Estado y de Linda Thomas-Greenfield como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas han sido recibidas muy positivamente en una nota de prensa publicada por Planned Parenthood, que los ha definido como “la elección de Biden para luchar en favor de los derechos reproductivos en todo el mundo”. Claramente, es una prioridad de la política exterior de Biden volver a la implacable política abortista que Estados Unidos tenía con las instituciones internacionales y que fue la marca distintiva de las presidencias democráticas de Obama y Clinton.

Tenemos también el nombramiento de Neera Tanden como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto. Como ha observado la Catholic League for Religious and Civil Rights [Liga católica para los derechos religiosos y civiles], Tanden es una activista proaborto de largo recorrido, miembro del personal de Hillary Clinton cuando esta era primera dama. Durante la administración Obama, Tanden jugó un papel fundamental en la elaboración del objetable mandato HHS. En ese contexto, en 2016 envió un email a Clinton en el que reprendía a los líderes católicos por su supuesta “misoginia” al objetar el mandato del Obamacare.

En conjunto, los nombramientos proaborto de Biden también sirven para destacar su compromiso, en línea con la ortodoxia política del partido demócrata actual, para presionar la revocación de la Enmienda Hyde, la medida vital del Congreso que evita que se financien con fondos federales los abortos selectivos.

El impulso colectivo del partido demócrata para revocar la Enmienda Hyde está apoyado también por el nombramiento, el 3 de diciembre, de Rosa DeLauro como nueva presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. En su primera acción pública como jefa de este nuevo comité, DeLauro —otra política católica demócrata prominente que ha roto públicamente con su Iglesia debido a sus extremas posiciones proaborto— convocó una audiencia para revocar la Enmienda Hyde.

En un tono irónico supuestamente involuntario que puede solo describirse como cruel, la actitud teatral política de DeLauro, cuya intención es eliminar esta medida que protege a los no nacidos, tuvo lugar el 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción.

Hay un aspecto último que es necesario tomar en consideración, en el contexto de los nombramientos actuales de Biden de activistas proaborto y la movilización de DeLauro de los demócratas de la Cámara para revocar la Enmienda Hyde. Todas estas acciones juntas resaltan la importancia crítica de las dos elecciones para el Senado de Estados Unidos que tendrán lugar en Georgia el 5 de enero de 2021.

Si los demócratas ganan ambas elecciones, el partido se potenciará en el Senado. Esto eliminaría el único baluarte que impediría el lanzamiento de una campaña total bajo la administración Biden, emprendida por el poder combinado de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno, para llevar adelante el aborto a petición tanto dentro como fuera del país. Resumiéndolo de otro modo, dado lo que se ha visto en Washington recientemente, sobre lo que se votará el próximo mes en Georgia es la vida humana.

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