«Guatemala cree en la vida y en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer»

«Guatemala y nuestro Gobierno cree en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer», proclamó el mandatario ante los medios de comunicación.

El Congreso ya ha aprobado en segundo debate (de los tres necesarios además de la redacción y aprobación por artículos) la iniciativa 5272, la ley «Para la protección de la vida y la familia».

Esta promueve el «derecho a la vida», la «institución del matrimonio entre un hombre y una mujer», además de la «libertad de conciencia y de expresión», así como el «derecho de los padres a educar y orientar a sus hijos y formarlos en el ámbito de la sexualidad».

El artículo 2 de la iniciativa define la diversidad sexual como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

Además, establece que la familia nuclear está constituida por «el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad».

La iniciativa establece penas para cualquier tipo de aborto, salvo el tipo de aborto terapéutico y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de establecer que la posición oficial de Guatemala ante el mundo será la establecida en la presente iniciativa.

También criminaliza la «promoción del aborto», al indicar que todo aquel que «directa o indirectamente promueva o facilite medios» para que las mujeres tengan abortos podría ser condenado a hasta diez años de prisión.

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy que el proyecto de ley «extremadamente peligroso» de Guatemala limitaría derechos de la mujer y niñas sobre el aborto y discriminaría a la comunidad LGBT.

«Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría», afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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