En la muerte de Archie Battersbee y del estado de derecho

InfoVaticana

La muerte de Archie también trae consigo la muerte del Estado de Derecho, ya que la ley ya no es una expresión de la protección de los más débiles como figura de la naturaleza humana encarnada en la relacionalidad.

A las 13:15 horas del 6 de agosto de 2022 se declaró legalmente la muerte de Archie Battersbee, el adolescente que, tras sufrir graves daños cerebrales, estaba ingresado en el Royal London Hospital desde abril, es decir, cuando su madre lo sorprendió con una cuerda alrededor del cuello que, probablemente, había sido utilizada para participar en un desafío telemático entre coetáneos, en esos nuevos tipos de competiciones en las que los participantes compiten por quien se acerca más al punto de no retorno, llegando a menudo incluso hasta la muerte.

En los últimos meses, todos los recursos que los padres han presentado -hasta el TEDH- para impugnar la decisión de los médicos de suspender la ventilación de su hijo han sido rechazados, a pesar de que desde hace años, desde el 2017, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU había expresado, en un informe dedicado al Reino Unido, su máxima preocupación por las prácticas de final de vida extendidas en el país.

El artículo 10 de dicho informe destaca que «el Comité observa con preocupación cómo el proceso de toma de decisiones de sustitución aplicado en relación con la terminación o la suspensión del tratamiento y los cuidados de mantenimiento de la vida es incompatible con el derecho a la vida de las personas con discapacidad como miembros iguales y que contribuyen a la sociedad».

El sistema médico-legal británico nos ha acostumbrado en los últimos años a episodios similares, desde Charlie Gard en 2017 hasta Alfie Evans en 2018, desde Isaiah Haastrup en 2018 hasta Tafida Raqeed en 2019, sin llegar nunca a tales niveles de paradoja: ¡hacer que muera por asfixia un ser humano que fue ingresado precisamente por el daño causado por el intento de asfixia mediante autoestrangulación!

Con la muerte de Archie Battersbee, como con la de aquellos que sufrieron un destino similar, sellamos no solo el fin de un ser humano, tragedia que en sí misma merecería su propia tristeza, sino también el fin del Estado de Derecho, es decir, de aquella concepción del Estado y del Derecho según la cual la persona es una entidad moral anterior y superior, que no puede ser subordinada al poder estatal más allá de ciertos límites, al menos no hasta el punto de hacer que el Estado ejerza sobre ella un ius vitae ac necis absoluto.

La muerte de Archie conlleva también la muerte del Estado de Derecho, ya que el derecho deja de ser una expresión de la protección de los más débiles como figura de la naturaleza humana encarnada en la relacionalidad, para convertirse en un instrumento de formalización jurídica de su supresión técnica y médica.

Están en riesgo las salvaguardias mínimas e imprescindibles que deben garantizarse para los más frágiles, como son todos aquellos que por una u otra razón no son aptos para participar en el ciclo económico-productivo, o que son frágiles en sí mismos, como los bebés, los discapacitados, los ancianos, los enfermos crónicos, los enfermos terminales, etc.

Hacer saltar por los aires el mecanismo de protección mínima que se puede asegurar a las personas que viven en esas condiciones, además mediante el expediente retórico-jurídico del criterio del «interés superior», supone anular siglos de sedimentación de la civilización del derecho basada en la persona en favor de una concepción del derecho entendida exclusivamente como la pura voluntad de quienes ejercen el poder, ya sea ejecutivo, legislativo o, como en el caso de Archie, judicial.

El caso Archie, en definitiva, debería despertar una preocupación mucho más amplia y profunda incluso en los más distraídos, mucho más allá del ámbito del caso humano individual que representa: señala el oscuro camino emprendido por el derecho en Occidente. En las últimas décadas en general y en los últimos años en particular, ha llevado a todo jurista -al menos al que no dormita perezosamente a la sombra del formalismo y el codicilo- a preguntarse no tanto si, a este paso dentro de algún tiempo, el Estado de Derecho seguirá existiendo cuando todos los discapacitados o no discapacitados hayan sido suprimidos por su propio interés o el de la comunidad, sino si se puede imaginar una convivencia humana, justa, libre y pacífica después de la eutanasia del propio Estado de Derecho.

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