El PSOE propone hasta un año de cárcel por rezar o informar frente a clínicas abortistas

InfoVaticana

El Congreso de los diputados debate hoy la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar “el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”.

En la exposición de motivos, los socialistas hablan de “acoso” a las mujeres que acuden a las clínicas abortistas. Para defenderlo, citan un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) con entrevistas a 300 mujeres que acudieron a abortar a varias clínicas de toda España mostraba que un 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.

«Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo», explica ACAI en su informe. Esta asociación, habla de “acoso y hostigamiento” por parte de las personas que acuden a las clínicas a informar a las mujeres que quieren abortar, pero no reportan ningún caso violento, de amenazas o alteración del orden público.

El Grupo Parlamentario Socialista “considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, argumentan en la proposición de ley que será aprobada por la Cámara Baja con casi toda seguridad.

Penas de cárcel y trabajos en beneficio de la comunidad

Por todo ello, el PSOE propone la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para añadir un nuevo artículo, que será el 172 quater. Esta modificación propone que:

“El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”. Además, también pretenden prohibir acudir a determinados lugares por un tiempo de 6 meses a 3 años.

Desde la Asociación 40 Días por la Vida, han lanzado una campaña en redes sociales publicando un vídeo con un recopilatorio de imágenes de sus rescates y actuaciones.

 

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