El gobierno de EE.UU. entra en la investigación de los abusos eclesiales

Llegan los federales. Como ya advertimos aquí que podía suceder, el Gobierno federal de Estados Unidos ha enviado citaciones a diversas diócesis de Pensilvania como primer paso en una investigación sobre encubrimiento de abusos clericales a menores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado finalmente una investigación sobre el encubrimiento de abusos sexuales por parte de clérigos de la Iglesia católico. El fiscal William McSwain ha citado a declarar a diversas personas de todo el Estado de Pensilvania en la investigación de abusos que afectan a más de un millar de menores abusados sexualmente por 301 sacerdotes.

Es una situación absolutamente sin precedentes, la primera vez que Washington inicia una investigación criminal contra la Iglesia, como señala en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press la responsable de Child USA, fundación dedicada a la prevención de abusos a menores, Marci Hamilton. “Hasta ahora, el Gobierno federal se ha mantenido en absoluto silencio sobre los casos en la Iglesia católica”.

Una de las nuevas líneas de investigación afecta a la implicación personal del ex cardenal Theodore McCarrick en el establecimiento y gestión financiera de la Papal Foundation, uno de los fondos más poderosos creado para reunir donaciones dirigidas a proyectos caritativos de la Santa Sede.

Los miembros laicos de la fundación se comprometen a donar un millón de dólares en un máximo de diez años, con donaciones mínimas de 100.000 dólares anuales, a un fondo perpetuo destinado a subvenir a las necesidades de la Iglesia.

El consejo está compuesto mayoritariamente por obispos americanos, para empezar, todos los cardenales del país. Pese a la oposición de los socios -o ‘custodios’- laicos, los obispos votaron en diciembre de 2017 el envío a la Santa Sede de ocho millones de dólares destinado a una clínica dermatológica romana plagada de acusaciones de delitos financieros.

Pero entre los cardenales del consejo que forzaron esa donación, tan insólita por la cantidad como por el destino, había al menos tres -Dolan, Wuerl y McCarrick- que tenían que saber que este último estaba siendo investigado por el abuso de un menor y que Roma tendría que tratar su caso. Es decir, tenían un evidente conflicto de intereses, algo que prohíben los estatutos de la fundación.

Son cada vez más numerosas las partes interesadas en que se invoque la ley RICO en la investigación, una norma creada para luchar contra la mafia y que puede aplicarse a todo lo que se pueda tipificar de organizaciones criminales.

Según juristas expertos en declaraciones a AP, “si la fiscalía puede demostrar que líderes eclesiásticos encubrieron sistemáticamente a sacerdotes que habían abusado de niños en los últimos cinco años”, podría iniciarse una investigación a partir de esta legislación, con consecuencia previsiblemente sísmicas para la Iglesia americana e incluso para la propia Roma.

Pero por ahora la investigación federal se centra en los casos de encubrimiento de abusos clericales en las diócesis de Pensilvania, donde ya se ha llevado a cabo una investigación con gran jurado que culminó en un demoledor informe. Sin embargo, se ignora si el Gobierno piensa ampliar en el futuro la investigación a otros estados.

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