Obispado en Chile informa sobre situación de sacerdotes investigados por abusos

Aciprensa

 

El Obispado de Chillán (Chile) informó sobre la situación de cinco sacerdotes que se encuentran sujetos a una investigación o proceso canónico por denuncias de abuso sexual contra menores.

Lo hizo mediante un comunicado del 15 de marzo, luego de recibir instrucciones de la Santa Sede y del cierre de una investigación previa.

En primer lugar, el 10 de enero de 2019 el Papa Francisco concedió la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical a Luis Ricardo Montenegro Fuentes, cuya investigación por abuso de menor fue remitida al Vaticano en agosto de 2018.

“La dispensa ha sido concedida a petición del presbítero, por el bien de la Iglesia, y luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera al Santo Padre una relación del caso. Esto significa que el presbítero queda excluido definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal”, explicó el Obispado.

En segundo lugar, el 18 de febrero de 2019 la Congregación para la Doctrina de la Fe pidió al Administrador Apostólico de Chillán, P. Sergio Pérez de Arce Arriagada, suspender la investigación canónica contra el sacerdote Héctor Bravo Merino, abierta en junio de 2018.

“La investigación diocesana no había llegado a la certeza moral de la comisión de un delito y, por otra parte, el presbítero no ha sido imputado de ninguna falta en el ámbito civil. Esta medida significa que el sacerdote no tiene restricciones para ejercer su ministerio, y que la investigación no se retomará hasta contar con elementos que muestren indicios de un delito o hasta que la justicia civil haga una imputación”, sostiene el comunicado.

En tercer lugar, el 21 de febrero de 2019 la Congregación para la Doctrina de la Fe derogó la prescripción de los delitos por los que se acusa al P. Renato Toro Medina y autorizó al administrador apostólico realizar un proceso penal administrativo “con el fin de ahondar en la investigación iniciada en julio de 2018 y llegar a imponer, si es el caso, una pena justa”. El sacerdote fue denunciado de abuso sexual contra un menor de edad. De acuerdo a un comunicado del Obispado del 29 de junio de 2018, los hechos de abusos habrían ocurrido en los años 1983-1984.

El Obispado informó que en las próximas semanas se nombrará un instructor a cargo del proceso penal, que debiera durar unos cuatro meses. Mientras tanto, “se mantiene como medida cautelar la suspensión de todo ejercicio del ministerio”.

En cuarto lugar, el 14 de marzo de 2019 se concluyó la fase diocesana de la investigación previa contra el presbítero Jaime San Martín Solís, iniciada en julio de 2018 y ampliada en enero de este año.

“Los hechos denunciados de actos impropios contra el sexto mandamiento, incluido un abuso de menor de edad, han sido acreditados como verosímiles. El expediente de la investigación ha sido enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que determina los pasos a seguir. Se mantiene la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal”, indica el comunicado.

En quinto y último lugar, el Obispado se refirió al proceso administrativo penal contra el sacerdote Osvaldo Salgado Coe, iniciado a fines de octubre de 2018 y a cargo del canonista Claudio Soto. “Se espera que dicho proceso pueda cerrarse en el plazo de un mes, luego de lo cual debe imponerse, si es el caso, una sanción penal”, sostiene.

Al cierre del comunicado, el Obispado de Chillán subrayó que todos los procesos informados son propios del ámbito eclesiástico, es decir, “independiente de lo que la justicia civil pueda esclarecer y determinar”.

“La Diócesis de Chillán expresa su compromiso de seguir enfrentando en la verdad las situaciones escandalosas de abuso, contribuyendo a forjar una cultura del cuidado y la protección”, concluye.

El 3 de agosto de 2018, en su declaración de decisiones y compromisos, la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) resolvió dar a conocer públicamente toda investigación previa que se realice cuando se exista algún presunto caso de abuso sexual contra menores de edad en alguna diócesis.

El Episcopado pidió a los superiores de las congregaciones religiosas proceder de la misma manera.

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