«Norma técnica» del aborto, no a expensas de transgredir la Constitución

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos empujó al gobierno de Costa Rica a formular lo que ha llamado un protocolo o “norma técnica” para regular el aborto.

Sin embargo, pese a las continuas advertencias del presidente Carlos Alvarado acerca de que legalizará el aborto vía decreto antes de que termine el año, nadie conoce el contenido de dicha norma.

Ante este panorama, muchos han salido a la arena pública a manifestarse; uno de quienes lo ha hecho de forma sumamente clara y directa ha sido el abogado constitucionalista Fernando Zamora Castellanos quien ha divulgado su argumento por medio del siguiente video.

Lo ha titulado: “La norma del aborto, un delito presidencial».


Bajo amenazas del gobierno y la presión de abortistas, la sociedad civil, representada en asociaciones de profesionales en medicina, abogados, docentes, un grupo importante de legisladores, estudiantes universitarios, agrupaciones religiosas, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, etc. se han movilizado este 1 de diciembre para solicitar al gobierno sacar a la luz el contenido de la “norma técnica” para su debate así como evitar firmarla antes de realizarlo.

Resultado de la marcha a la que han llamado “A la vida digo si” son las imágenes que hemos colocado en el presente artículo.

Tal como lo expresó la Dra. Sadie Morgan (presidente de la Asociación Médicos por la Vida) en esta noticia: “El artículo 121 del Código Penal despenalizó el aborto en Costa Rica en 1970, al estipular que «no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios»; por tanto, «Al ser un Código Penal, no está sujeto a ser reglamentado, por lo que es ilegal generar una norma sobre este artículo, que desnaturalice su aplicación».

Por lo anterior y de resultar un hecho la firma de la norma técnica, incluso la negociación de la Cancillería del anterior gobierno, claramente, podría denunciarse como ilegal.

Costa Rica se ha caracterizado por su gran respeto a la Constitución por lo que será cuestión de tiempo esperar la denuncia de prevaricato hacia el presidente Alvarado así como la que tendría que presentarse contra la anterior cancillería por haber cedido en negociaciones ilegales y a espaldas de la ciudadanía.

Sin mencionar que, las imágenes lo anticipan, no será a expensas de la mayoría que una corte internacional, un presidente, ministro de salud o canciller, transgredirán impunemente la ley y nuestra Constitución.

Ánimo, ticos! Que la cosa apenas empieza!
Ánimo, que, “Si, Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestra?”
Quién en contra de cualquiera de las madres y de sus hijos por nacer?

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