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La nueva norma emitida hoy por el Departamento de Salud y Servicios Humanos acaba con las partes más importantes de un mandato creado por Obama para obligar a las compañías a incluir la cobertura de control de la natalidad en los planes de salud que ofrecen a todos sus trabajadores.

Los defensores de la norma de Obama denuncian que Trump está, en la práctica, privando a millones de mujeres del acceso gratuito a los anticonceptivos.

No obstante, altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo condición de anonimato, aseguraron que solo unas 120.000 mujeres perderán acceso gratuito a los anticonceptivos, lo que significa que el «99,9 %» podrán seguir beneficiándose de ellos, según sus cálculos.

En todo caso, la decisión de Trump supone el último giro en la lucha jurídica e ideológica que ha rodeado durante años el mandato para la cobertura gratuita de anticonceptivos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, proclamada en 2010 y que Trump prometió derogar durante su campaña presidencial.

Ahora, la directiva de Trump permitirá que cualquier compañía, incluidas universidades o aseguradoras médicas, deje de ofrecer cobertura de anticonceptivos a sus empleados, una exención que previamente solo incluía a las iglesias o casas de culto.

En respuesta, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de la Mujer anunciaron que interpondrán una demanda contra Trump por «discriminar» a las mujeres y violar las cláusulas de la Constitución que garantizan la igualdad de derechos y la separación entre Iglesia y Estado. «Esta es una afrenta a los derechos de los mujeres y estamos preparados para ver al Gobierno en los tribunales», amenazó Brigitte Amiri, abogada de ACLU durante una conferencia de prensa telefónica.

Grupos profesionales, como Médicos a Favor de la Elección y la Salud Reproductiva, rechazaron la decisión de Trump y alertaron de un retroceso en la prevención de embarazos no deseados, cuyo número descendió en el siglo XX gracias, precisamente, al acceso a anticonceptivos, según dijo la doctora Tracey Wilkinson durante la conferencia de prensa.

Para responder a las previsibles demandas, el Departamento de Justicia emitió hoy mismo dos memorandos, en los que comunica a los abogados del Gobierno cuál es el marco legal y los principios que deben seguir para actuar en las cortes ante casos relacionados con la libertad religiosa.

Trump cumple su promesa electoral

El cambio en la política sobre anticonceptivos permite a Trump cumplir con promesas que hizo como candidato y que repitió, por ejemplo, en mayo pasado, cuando firmó una orden ejecutiva para defender la libertad religiosa en la Casa Blanca en presencia de la congregación católica de las Hermanitas de los Pobres.

Esta congregación religiosa expresó en un comunicado su alegría por poder «finalmente estar protegidos» ante la «innecesaria y divisiva guerra cultural» del Gobierno de Obama, al que demandó ante el Tribunal Supremo para ampliar a las escuelas y organizaciones caritativas la exención sobre anticonceptivos, que solo cubría iglesias.

Otra de las asociaciones conocidas por su lucha contra los anticonceptivos es la cadena de tiendas de artesanía Hobby Lobby, cuyos dueños son cristianos evangélicos y que consiguió una importante victoria en 2014 en el Tribunal Supremo contra la ley sanitaria de Obama.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos estiman que los 50 grupos religiosos que han interpuesto demandas en los últimos años estarán exentos de cumplir con el mandato de Obama, aunque la norma permite que empresas se replanteen si deben dar cobertura de anticonceptivos, por lo que la cifra podría aumentar.

Los obispos católicos, satisfechos

Por su parte, La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) dio a conocer una declaración en la que elogia la decisión como «una buena noticia para todos los estadounidenses».

En una declaración conjunta, el Cardenal Daniel DiNardo, Arzobispo de Galveston-Houston y Presidente de la USCCB, y el Arzobispo William E. Lori de Baltimore, Presidente del Comité Ad Hoc para la Libertad Religiosa de la Conferencia, aseguraron que la decisión es «un retorno al sentido común, a una práctica federal de larga duración y a la coexistencia pacífica entre la iglesia y el estado».

«Corrige un fallo anómalo de los reguladores federales que nunca debería haber ocurrido y nunca debe repetirse», dijeron los obispos.