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Una vez más empezamos un nuevo año con incertidumbre y temor acerca de la inmigración, y este año nuestros líderes en el Congreso enfrentan una fecha límite difícil.

El 5 de marzo expirará el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo cual significa que unos 690 mil jóvenes perderán su permiso para trabajar en este país y enfrentarán la deportación.

Aquí en Los Ángeles, esto llevaría a una crisis humanitaria.

Más de una cuarta parte de los jóvenes beneficiarios del programa DACA de la nación viven en California, y de acuerdo a la mayoría de las estimaciones, hay alrededor de 125 mil que viven dentro de los límites de la Arquidiócesis de Los Ángeles, más que en cualquier otro lugar del país.

La historia de estos jóvenes, llamados “Dreamers”, es bien conocida.

Traídos a este país en la infancia por padres indocumentados o miembros de la familia, ellos no tienen la culpa de ser “ilegales”.

Los “Dreamers” han vivido toda su vida en este país, y muchos tienen ahora alrededor de los 30 años. Y durante toda su vida, los líderes en Washington no han podido llegar a un acuerdo para remediar el sistema de inmigración defectuoso que en primer lugar fue el que les permitió ingresar a este país.

Actualmente, los “Dreamers” son “el ejemplo más claro” de qué tan defectuoso es nuestro sistema y de qué tan malsano e improductivo se ha vuelto nuestro discurso político.

Por donde quiera que se mire, éste es el tipo de jóvenes que nuestro país debería alentar. Casi todos ellos -el 97 por ciento- están ya sea en la escuela o desempeñando un empleo. Alrededor del 5 por ciento ya emprendieron su propio negocio y 15 por ciento han comprado ya su primera vivienda.

Estos son buenos chicos y deberíamos ayudarlos a desarrollar los potenciales que Dios les ha dado, a mantener unidas a sus familias y a hacer su propia contribución al “sueño americano”.

Además, según los líderes empresariales, ellos son esenciales para nuestro futuro económico.

En una carta dirigida en septiembre a los líderes del Congreso, más de 800 ejecutivos, representantes de todos los sectores de la economía, coincidieron en que los jóvenes beneficiarios del programa DACA contribuyen con más de $ 460 mil millones a nuestra economía y con otros $ 24 mil millones en impuestos.

Arreglar el programa DACA debería entonces ser algo sencillo.

Todo el mundo parece darse cuenta de que sería cruel castigarlos por los errores de sus padres, deportándolos a países de origen que nunca han visto, cuyo idioma puede ser que ni siquiera conozcan.

Y sin embargo, en eso estamos. Faltan pocas semanas para que se venza el plazo y para que estos jóvenes se encuentren atrapados en medio de un debate mucho más amplio acerca de muros fronterizos, de seguridad nacional y del funcionamiento interno de nuestro sistema de visas.

Este debate es apasionado y partidista, como podría esperarse. La reforma sistemática de nuestra política de inmigración es algo absolutamente esencial para el futuro de nuestra nación. Y necesitamos tener este diálogo.

Pero el Congreso necesita separar la discusión del tema del programa DACA de estos otros asuntos más amplios.

Nuestro sistema ha sido defectuoso durante mucho tiempo y hay demasiadas cosas que están mal. El Congreso debería tomarse el tiempo de debatir los problemas de manera adecuada y elaborar verdaderamente un sistema de inmigración que refleje las realidades globales de la economía del Siglo XXI.

Necesitamos un debate serio acerca de la seguridad fronteriza. Nadie se opone al hecho de que debemos asegurar nuestras fronteras y protegernos de quienes nos podrían perjudicar.

Algunos dicen que construir un muro a lo largo de la frontera suroeste del país es la solución. Otros dicen que podemos usar tecnologías de vigilancia electrónica para crear un muro “virtual” que sería mucho más efectivo y menos costoso.

El punto es que debemos estudiar el problema y no tratar de forzar una “solución” sólo para resolver temas políticos a corto plazo.

Tenemos que estudiar también la manera en que nuestro país otorga las visas, nuestras prioridades y los criterios que usamos para ello. Y, nuevamente, tenemos que analizar los problemas y examinar nuestras premisas.

Por ejemplo, hay una gran cantidad de discusiones apasionadas acerca de cómo los inmigrantes le quitan los empleos a los estadounidenses y hacen que los salarios se reduzcan. Pero, ¿es realmente así?

En centros agrícolas como en el Valle Central de California, este año los agricultores nuevamente no pudieron encontrar suficientes trabajadores para la cosecha de sus cultivos.

A pesar de que los salarios y beneficios mínimos han aumentado en todo el país, los patrones dicen que no hay suficientes trabajadores nacidos en Estados Unidos que quieran hacer el trabajo poco especializado y de bajo salario que se necesita en nuestros campos y en el área de la construcción, en hoteles y otros sectores.

Esto sugiere que el Congreso y los estados deben encontrar nuevas maneras de ofrecer programas de trabajadores invitados que permitan a los extranjeros entrar y salir del país según lo requieran los negocios. También sugiere que tenemos que considerar con más claridad nuestras necesidades laborales al renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El punto importante es que necesitamos una reforma total de nuestro sistema de inmigración, y ésta no debería de estar vinculada al debate actual sobre el programa DACA ni con los “Dreamers”.

Como nación, tenemos una obligación moral y humanitaria para con los “Dreamers”. Estos jóvenes no han hecho nada malo. Y su futuro depende del resultado de estos debates.

Así que espero que se unan a mí para exigirles a nuestros líderes en el Congreso que los ayuden con un espíritu de generosidad y justicia. Y tenemos que decirles a nuestros líderes que arreglar el programa DACA debería ser el primer paso en la reforma de inmigración sistemática que se requiere desde hace mucho tiempo.

Oren por mí esta semana, y yo estaré orando por ustedes. Y que nuestra Santísima Madre María interceda por nosotros y nos guíe.