Filipinas: cancelación de acusaciones contra Obispos

Fuente: Agencia Fides

«Estoy feliz por un lado y triste por el otro», dice a la Agencia Fides el obispo Pablo Virgilio David, al frente de la diócesis de Caloocan, al norte de Manila, comentando la cancelación de las acusaciones de «sedición» contra cuatro obispos católicos.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha exonerado a cuatro obispos filipinos de los cargos que en un primer momento los veía involucrados en una denuncia de conspiración para derrocar al gobierno de Rodrigo Duterte, junto con un grupo de 36 activistas, abogados y religiosos. Para muchos observadores, esta maniobra era claramente intimidatoria con el fin de silenciar a los críticos del gobierno.

«Estoy feliz de que los cargos penales de sedición, incitación a la sedición, obstrucción de la justicia y calumnias cibernéticas presentadas contra mí y mis hermanos obispos hayan sido rechazados por el colegio de jueces, que han llevado a cabo las investigaciones preliminares», ha afirmado Mons. David.

«Por otro lado, siento tristeza porque los jueces ven probable el envío a juicio de dos sacerdotes, el P. Albert Alejo SJ y el P. Flavie Villanueva SVD, y otros individuos por ‘conspiración con el propósito de sedición’. Sin embargo espero y rezo para que las acusaciones contra ellos sean desmentidas pronto por los tribunales».

El Departamento ha establecido que los obispos no tenían intención de cometer «sedición» y que las denuncias presentadas por Criminal Investigation and Detection Group carecen de evidencia. Habían sido acusados: el Arzobispo Socrates Villegas, guía de la comunidad de Lingayen; el Obispo Pablo Virgilio David de Caloocan; el Obispo Honesto Ongtioco de Cubao; el Obispo emérito Teodoro Bacani de Novaliches. También han sido declarados inocentes el activista de derechos humanos p. Robert Reyes y el educador de los hermanos de La Salle Armin Luistro.

Sin embargo, el mismo Departamento, ha recomendado continuar los procedimientos contra los sacerdotes p. Albert Alejo y p. Flaviano Villanueva y otras nueve personas, incluido el ex senador Antonio Trillanes IV, por su presunta participación en un complot destinado a derrocar al presidente Duterte.

Todos los activistas, religiosos y abogados involucrados han dicho repetidamente que no participarán en ninguna acción por medios violentos o ilegales. La Conferencia de los Obispos Católicos de Filipinas también ha trabajado en defensa de los acusados, afirmando que las acusaciones iban «más allá de la imaginación», señalando que tenían la finalidad de asustar y silenciar a los obispos.

El presidente en los últimos años ha entrado en conflicto con la Iglesia Católica sobre todo por el tema de la «guerra contra las drogas» y por las violaciones de los derechos humanos, denunciadas repetidamente por las ONG y también presente en un informe reciente de la ONG «Amnistía Internacional», publicado el pasado 30 de enero.

“Las familias de las víctimas – señala Amnistía -, no han obtenido justicia para sus seres queridos, debido a los enormes obstáculos existentes para presentar denuncias contra los perpetradores, incluido el temor a represalias. Tampoco se ha identificado ninguna responsabilidad significativa por los asesinatos a nivel nacional».

Según datos oficiales, en la «guerra contra las drogas» de Duterte, más de 6,000 personas han sido asesinadas en operaciones policiales, mientras que los grupos de derechos humanos estiman la existencia de otras 25,000 víctimas de asesinatos por «escuadrones de vigilantes», que quedan del todo impunes.

Una investigación reciente realizada por el sitio de noticias online filipino «Rappler» revela que el gobierno hasta ahora ha seguido una actitud complaciente, dejando los casos de tales asesinatos sin resolver, debido a las deficiencias sistemáticas del sistema judicial y la falta de compromiso o complicidad de las fuerzas de policía

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